Más de 8 millones de soles de la cuenta pública del Gobierno Regional de Apurímac fueron embargados desde el 2016 mediante medida cautelar interpuesta por el juez que sigue el caso de la deuda social a un grupo de trabajadores de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones.

La Ordenanza Regional Nº 011-2016-GR-Apurimac, reconoce a la trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y personas desaparecidas como un problema social que merece atención prioritaria, por ser una forma de violación a los derechos humanos como a la libertad, dignidad personal, igualdad, integridad física, psíquica y psicológica. 

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