Más de 8 millones de soles de la cuenta pública del Gobierno Regional de Apurímac fueron embargados desde el 2016 mediante medida cautelar interpuesta por el juez que sigue el caso de la deuda social a un grupo de trabajadores de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones.


Frente a ello, el Procurador Público Regional Abg. Orlando Soto Matos, presentó esta semana una apelación a la resolución emitida sosteniendo que el dinero embargado es de dominio público, el cual está sustentado por documentos y el informe emitido por el Banco de la Nación. Precisó que el dinero es parte de un presupuesto mayor, destinado a la ejecución de 26 proyectos de inversión a nivel de la Región, “Por lo tanto es un dinero que le corresponde a toda la población de Apurímac” dijo.
Hizo hincapié al manifestar que el Gobierno Regional reconoce la deuda con los mencionados trabajadores, que ya está registrada en el sistema del Ministerio de Economía y Finanzas, y que sigue su proceso respectivo para el pago correspondiente, por ello refirió, que el proceso inicial no es el más adecuado y que sólo perjudica el interés público de la región, dilatando el tiempo en la ejecución de obras con el presupuesto embargado.
Señaló que la Procuraduría, además de ingresar todas las deudas públicas, también ingresó las conciliaciones, que a la fecha de 30 de abril, registra una importante deuda, frente a lo cual se viene gestionando para lograr presupuestos y aliviar estos compromisos. El 20 de mayo del 2017 salió el Decreto Supremo Nº 143- 2017 - F/ en el que se dispone de 2 millones 220mil soles para el pago de deudas sociales del gobierno regional de Apurímac, beneficiando a 270 personas.
Finalmente el Abg. Soto Matos exhortó a la Sala analice los medios de prueba y esta resolución se revoque, para liberar los 8 millones, asimismo remarcó que la Procuraduría iniciaría las gestiones de una acción de amparo, porque el dinero retenido afecta a los intereses de toda la población apurimeña.

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